Publicado por: Juan Carlos Betancur 2026-10-21 | 1:00 p. m. |
El Gobierno nacional anunció que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de $634,9 billones, luego de identificarse una diferencia en el trámite legislativo que impidió consolidar un texto coincidente entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes. La decisión fue comunicada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien explicó que se aplicará el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
La determinación significa que el Ejecutivo tomará como referencia el proyecto presentado inicialmente por el Gobierno, junto con las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso. Por esa razón, algunos cambios discutidos e incorporados posteriormente durante las sesiones plenarias no quedarían incluidos en el documento que será expedido por decreto.
El anuncio se produjo después de que las dos cámaras avanzaran en la aprobación del presupuesto, pero surgieran diferencias en el artículo 65 del proyecto. Según las explicaciones entregadas por congresistas y funcionarios, los textos no coincidían y no se logró completar la conciliación correspondiente antes del vencimiento del plazo legal.
¿Por qué el presupuesto de 2027 será expedido por decreto?
El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que la decisión del Gobierno se fundamenta en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, contenido en el Decreto 111 de 1996.
Esta disposición establece que, si el Congreso no expide el Presupuesto General de la Nación antes de la medianoche del 20 de octubre del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el Gobierno, incluidas las modificaciones aprobadas durante el primer debate.
En este caso, el Ejecutivo sostiene que la diferencia entre los textos aprobados por Senado y Cámara impidió culminar válidamente el trámite legislativo dentro del plazo establecido.
El vicepresidente aseguró que el monto de $634,9 billones y la distribución estudiada durante el primer debate servirán de base para la expedición del documento.
“Tanto el monto de 634,9 billones de pesos, como la distribución que el Congreso estudió y aprobó en primer debate, quedaron aprobados, así como también las facultades de traslado y reorientación presupuestal, por ello, el Gobierno nacional en el día de hoy, procederá a decretar dicho presupuesto general de la nación”, afirmó Restrepo.
La aplicación de esta disposición legal busca garantizar que el Estado cuente con un presupuesto para la vigencia fiscal de 2027. Sin embargo, también implica que la distribución definitiva de los recursos deberá ajustarse a las disposiciones que efectivamente queden incorporadas en el decreto.
La diferencia en el artículo 65 que generó el problema
El inconveniente se originó en el trámite del artículo 65 del proyecto presupuestal, relacionado con una modificación que no quedó incorporada de la misma manera en los documentos de las dos cámaras legislativas.
De acuerdo con las explicaciones conocidas, el senador Juan Fernando Caicedo había presentado una proposición para adicionar dos parágrafos al artículo. Sin embargo, después de que se aprobara el texto que venía en la ponencia, la proposición fue retirada y quedó como constancia.
El procedimiento generó una diferencia frente a lo ocurrido en la Cámara de Representantes, donde sí se habría tenido en cuenta la modificación. Por esa razón, los documentos aprobados no coincidían y era necesario resolver la situación antes de culminar el trámite.
El senador Juan Fernando Caicedo explicó que, para aprobar la proposición después de la votación inicial, era necesario reabrir la discusión del artículo y someterlo nuevamente a votación.
“Yo lo que hago es retirar mi proposición y la dejo como constancia y ahí queda zanjado el debate y podemos destrabar esa situación y continuar con el trámite y la aprobación del presupuesto”, manifestó el congresista.
La diferencia terminó teniendo consecuencias para el procedimiento legislativo, pues la aprobación de textos distintos requería una solución institucional que permitiera establecer una versión coincidente.
Al no concretarse ese paso dentro del plazo correspondiente, el Gobierno anunció que utilizará el mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
¿Qué pasará con los cambios aprobados durante las plenarias?
Uno de los principales efectos de la decisión está relacionado con las modificaciones que se discutieron durante el segundo debate.
El presupuesto había sido objeto de ajustes en el Congreso y las plenarias de Senado y Cámara avanzaron en su aprobación. Sin embargo, debido a la diferencia identificada en el artículo 65, el Gobierno anunció que expedirá el documento con base en el proyecto inicial y los cambios aprobados durante el primer debate.
Esto significa que la distribución de recursos no necesariamente será la misma que figuraba en los textos discutidos durante las últimas sesiones legislativas.
En consecuencia, los sectores económicos, las entidades públicas y las instituciones que dependen de las apropiaciones presupuestales deberán revisar el documento definitivo para establecer cuáles recursos quedaron incluidos y bajo qué condiciones podrán ejecutarse.
La situación también abre interrogantes sobre los ajustes que puedan requerirse durante la vigencia fiscal para atender necesidades de financiación que hayan quedado por fuera de la distribución incorporada en el decreto.
Óscar Darío Pérez advierte sobre los ajustes presupuestales
El representante a la Cámara por Antioquia, Óscar Darío Pérez, se refirió a las posibles consecuencias de la decisión y señaló que el Gobierno deberá evaluar los mecanismos para corregir las diferencias en la distribución de los recursos.
“Hay muchas afectaciones, ¿cómo se corrigen? El Gobierno tiene que hacer los traslados y las adiciones, cuando, en enero del año entrante, ¿cómo? Automáticamente si tiene facultades y si no un proyecto de ley que el Congreso estudia”, expresó el congresista.
Su declaración plantea la necesidad de determinar qué herramientas legales estarán disponibles para modificar las apropiaciones cuando se identifiquen necesidades adicionales o cambios en las prioridades de financiación.
Los traslados presupuestales, las adiciones y las reorientaciones de recursos deben realizarse conforme a las competencias y autorizaciones establecidas en las normas vigentes. Por ello, no todas las modificaciones pueden ejecutarse automáticamente y algunas podrían requerir nuevos trámites ante el Congreso.
La posibilidad de realizar ajustes dependerá de las facultades que queden expresamente contempladas en el decreto y de las disposiciones aplicables a cada caso.
Un presupuesto de $634,9 billones para 2027
El Presupuesto General de la Nación establece los ingresos y gastos previstos por el Estado para una vigencia fiscal. Su distribución determina los recursos que tendrán los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades nacionales para desarrollar sus funciones, financiar programas y atender obligaciones públicas.
Para 2027, el monto anunciado es de $634,9 billones, una cifra que comprende las apropiaciones previstas para las diferentes áreas de la administración pública.
La distribución de estos recursos tiene efectos sobre sectores como salud, educación, pensiones, subsidios, infraestructura, seguridad y funcionamiento del Estado, entre otros compromisos presupuestales.
Por eso, la expedición del presupuesto constituye un paso fundamental para la planeación financiera del próximo año. No obstante, el monto total no significa que todos los recursos estén disponibles de manera inmediata: su ejecución depende de las apropiaciones, las reglas presupuestales y los procedimientos establecidos para cada entidad.
La controversia alrededor del trámite también pone de relieve la importancia de la coordinación entre las cámaras legislativas y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para aprobar las normas que regulan las finanzas públicas.
Gobierno busca dar tranquilidad al sector económico
Tras anunciar la expedición por decreto, el vicepresidente José Manuel Restrepo envió un mensaje de tranquilidad a los sectores económico, empresarial y de inversión.
El funcionario sostuvo que la decisión busca ajustarse rigurosamente al marco legal y garantizar que el país cuente con el instrumento presupuestal para la próxima vigencia.
La expedición por decreto permitirá al Gobierno avanzar en la preparación de la ejecución presupuestal de 2027, aunque la distribución de los recursos deberá corresponder al contenido definitivo del documento.
Para las empresas, los inversionistas y los responsables de la gestión pública, será importante conocer el alcance de las apropiaciones, las facultades para modificar partidas y los procedimientos que deberán seguirse cuando se requieran ajustes.
La decisión no elimina la necesidad de atender las obligaciones fiscales del Estado ni resuelve por sí sola las discusiones sobre la distribución de los recursos. Su alcance inmediato es establecer el mecanismo mediante el cual regirá el presupuesto del próximo año.
¿Qué viene ahora para el presupuesto nacional?
El siguiente paso será la expedición del decreto correspondiente y la revisión de las partidas presupuestales que quedarán incorporadas en el documento definitivo.
Una vez conocido el texto, las entidades públicas podrán establecer con mayor precisión sus apropiaciones, mientras que los sectores económicos y la ciudadanía tendrán elementos para evaluar cómo se distribuyen los recursos nacionales.
También será necesario determinar qué ajustes podrían requerirse durante 2027 y cuáles pueden realizarse mediante las facultades presupuestales existentes, de acuerdo con las disposiciones legales.
El episodio deja como punto central la importancia del procedimiento legislativo en la aprobación del presupuesto nacional. Aunque las dos cámaras avanzaron en el estudio del proyecto, la diferencia entre los textos impidió completar el trámite en las condiciones previstas.
Por ahora, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación de 2027 por $634,9 billones, con base en el proyecto presentado por el Ejecutivo y las modificaciones aprobadas en primer debate.
El contenido definitivo del decreto permitirá conocer con mayor precisión cómo quedará distribuido el presupuesto y cuáles serán las condiciones para realizar eventuales modificaciones durante la próxima vigencia fiscal.
