El presidente Gustavo Petro solicitó evaluar los controles migratorios y los procesos de ingreso de ciudadanos estadounidenses al país, luego de conocerse el caso de un extranjero capturado en Bogotá por un presunto delito sexual contra un menor de edad.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió revisar los mecanismos de ingreso de ciudadanos estadounidenses al territorio nacional tras la captura de un ciudadano de Estados Unidos investigado por un presunto caso de abuso sexual contra un menor en la localidad de Usaquén, en Bogotá.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la situación fue alertada por residentes de un edificio del norte de la capital, quienes reportaron un presunto hecho que involucraba a un menor de edad. La denuncia permitió la rápida intervención de la Policía Nacional y de unidades especializadas de Infancia y Adolescencia.
Durante el procedimiento fueron encontrados tres menores de edad en el inmueble. Los niños quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que activó las rutas de restablecimiento de derechos mientras avanzan las investigaciones judiciales.
Las autoridades confirmaron que el ciudadano estadounidense fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los organismos de investigación buscan establecer las circunstancias de los hechos, así como la relación que mantenía con los menores encontrados en el apartamento.
Según la información conocida hasta el momento, el extranjero se encontraba en Colombia adelantando un proceso relacionado con adopción y habría ingresado recientemente al país. Sin embargo, las autoridades continúan verificando todos los antecedentes y documentos relacionados con su permanencia en territorio colombiano.
Tras conocerse el caso, el presidente Petro manifestó que los ciudadanos extranjeros deben respetar plenamente las leyes colombianas y señaló la necesidad de revisar los procedimientos migratorios para fortalecer los controles y prevenir situaciones similares.
Mientras tanto, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional y el ICBF continúan adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la protección integral de los menores involucrados.
Por tratarse de un proceso que involucra a niños, niñas y adolescentes, las autoridades mantienen bajo reserva varios detalles de la investigación con el fin de proteger los derechos y la identidad de las víctimas.
