Gobierno prohíbe todos los precursores químicos del fentanilo y refuerza su control en Colombia

En una decisión calificada como histórica, el Gobierno Nacional anunció la prohibición total y el control estricto de todos los precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo, con el fin de impedir su producción, desvío y tráfico en el país.

El anuncio fue realizado este 27 de noviembre de 2025 en Bogotá por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que “todos los precursores químicos utilizados para su elaboración quedan oficialmente cancelados, prohibidos y bajo control estricto en el país”. La determinación fue adoptada durante la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, presidida por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga Franco.

Según explicó Benedetti, la medida busca cerrar cualquier ruta posible para la fabricación de esta droga sintética en Colombia y enviar un mensaje contundente a las organizaciones criminales. “Colombia no permitirá la fabricación de fentanilo ni que el país sea utilizado como corredor para su exportación. Somos aliados de Estados Unidos y de la comunidad internacional en esta lucha”, afirmó.

Las autoridades indicaron que seis sustancias precursoras, que cuentan con usos lícitos en sectores hospitalarios e industriales, serán sometidas a un sistema de vigilancia reforzada para evitar su desvío hacia actividades ilegales.

Como complemento a esta decisión administrativa, el Gobierno anunció que el próximo martes, a las 10:00 de la mañana, será radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que penaliza el ingreso, porte, distribución, almacenamiento y exportación de fentanilo, con el objetivo de cerrar cualquier vacío normativo que facilite su proliferación.

El ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga Franco, reiteró que el país no permitirá la instalación de centros de producción de fentanilo ni su uso como plataforma para el crimen internacional. Estas acciones refuerzan el compromiso del Gobierno Nacional con la seguridad, la salud pública y la protección de la vida, frente a una sustancia que ha generado graves crisis humanitarias en otros países.

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